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ICBF, obligado a velar por niño con retardo en Bolivia (Pensilvania)

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Se trata de un menor, de 14 años, con varias enfermedades. Vivía en una casa sin cuidados especiales, por falta de recursos de la familia. Bienestar dice que el pequeño ahora está en una entidad de Manizales, pero que no está de acuerdo con el fallo. Derechos. 


Rubén Darío López 

Corresponsal/LA PATRIA 

Pensilvania 


La atención que le negaron a un niño de Pensilvania que sufre retardo mental quedó solucionada con el fallo de una tutela que exige al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), regional Caldas, trasladar al pequeño a un centro de educación especial. La decisión también habla de abrir investigación al ICBF por negligencia en el proceso. 

En cumplimiento del fallo, al menor lo trasladaron desde el corregimiento de Bolivia hacia Manizales, donde quedó al cuidado de personal idóneo y adecuado para atender su particular situación. 

Según familiares y comunidad del corregimiento, Jorge Andrés* nació en esa población hace 14 años. Desde el año 2007 el inspector de Policía de Pensilvania, Carlos Alberto Arango Alzate, con funciones de Comisario de Familia, solicitó a la oficina de Bienestar Familiar en Manzanares que Jorge Andrés fuera puesto bajo medida de protección en una institución donde recibiera tratamiento especializado. 

Esto teniendo en cuenta la petición de la madre del menor y el informe presentado por la trabajadora social Marcela Alarcón y las funcionarias del Bienestar Familiar Blanca Orlidia Duque Henao y María Elena Zuluaga Ruiz, en el que dan a conocer que el menor está totalmente desprotegido, ya que presenta antecedentes de encefalopatía y sufrimiento fetal, retardo psicomotriz, epilepsia, inquietud extrema y agresividad. 

"No habla y sólo produce sonidos, no coordina movimientos, tiene trastornos de sueño y convulsiones en la noche, no tiene relación con otras personas, permanece solo y encerrado en una casa que presenta condiciones precarias de mantenimiento y habitabilidad", dicen las evaluadoras. 


Sin atención 

Aunque desde el inicio el caso quedó en manos de la oficina de Bienestar Familiar en Manzanares, las respuestas de la entidad consistieron en afirmar que en la región no existen instituciones para adolescentes con este diagnóstico, y que por lo tanto lo mejor era buscar a una familia que pudiera hacerse cargo de él. 

El comunicado de Bienestar sorprendió a la Personera de Pensilvania, Liliana Patricia Ramírez Rivera, quien consideró que con esta omisión se viola el derecho a la vida en condiciones dignas. Por eso, tomó cartas en el asunto e interpuso la acción de tutela para buscar el cumplimiento de los derechos constitucionales de esta persona enferma. 

“En las primeras valoraciones efectuadas en el año 2005 el niño fue beneficiario del programa Hogar Gestor, por lo que su madre recibía un subsidio mensual, el cual dejó de percibir por causas no muy claras”, según expresa Francia Elena López López, Directora del ICBF en su respuesta a la tutela. 

Sin embargo, pasaron más de 15 meses sin que el ICBF en Manizales solucionara el problema, con el argumento de que la responsabilidad es de la coordinación del Centro Zonal de Manzanares. 

El pasado 20 de febrero la Defensora de Familia de Manzanares manifestó en comunicación enviada al Juzgado Promiscuo de Pensilvania que en los municipios donde no exista defensora, ni comisaría de familia, son los inspectores de Policía quienes deben tramitar el restablecimiento de los derechos de los menores. 


Insistencia 

Ante esto el ICBF Caldas insistió en buscarle un hogar sustituto en Pensilvania o Bolivia para tener al menor transitoriamente, pero esta posibilidad la rechaza el inspector Arango Alzate. El funcionario recalca que el menor debe ser ubicado en una institución especializada. Por eso, el 26 de febrero procede a remitir un oficio a Matilde Mendieta Galindo, asesora de la dirección general de protección al menor del Bienestar Familiar en Bogotá, solicitando cupo para Jorge Andrés en otra regional ante la carencia de una entidad especializada en Caldas. 

En el fallo que protege los derechos del menor, la juez Carmen Rosa Mendoza Nieves considera que: “no obstante el repetitivo requerimiento al ICBF y la lamentable situación del joven, la entidad en Caldas hizo oídos sordos y no dio solución oportuna y efectiva al llamado de las autoridades locales y se limitó a dar soluciones absolutamente inútiles como trasladar el caso a la coordinadora del centro zonal de Manzanares, funcionaria de la misma institución y con menor capacidad de gestión de cupos, además de sugerir enviar transitoriamente al menor a un hogar sustituto lo que pondría en peligro a los otros menores y decirle a la Personera de Pensilvania que consiguiera a una familia que se encargara del cuidado del joven, lo que muestra desidia, negligencia, inactividad e incumplimiento de funciones por parte del ICBF”. 

Esta es la razón por la cual la juez Mendoza Nieves después de tutelar todos los derechos constitucionales del joven Jorge Andrés, ordenó enviar copias a la Procuraduría General de la Nación regional Caldas para que se investigue si la dirección del ICBF zona Caldas incurrió en falta disciplinaria. 


*Nombre cambiado para proteger la identidad del menor. 

Responde Bienestar Familiar 

Sobre el proceso del niño de Bolivia (Pensilvania) con retardo mental y epilepsia, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Caldas (ICBF), Francia Helena López López, dijo que la familia del menor recibía un subsidio por el programa Hogar Gestor, pero se enteraron de que los recursos no los utilizaban como debía ser, por lo que se suspendió la ayuda, mientras gestionaban la atención especial para el niño. 

"Aunque no estamos de acuerdo con el fallo lo respetamos y lo cumplimos. El tema les corresponde a las entidades de salud, porque Bienestar vela por defender los derechos, pero no tiene centros de salud para la atención. La situación del pequeño es grave y ya está en una entidad de Manizales, especial para su condición". 

Añadió que es normal la preocupación de la Personera de Pensilvania, por lo que el Instituto trabaja con la Secretaría de Salud de Manizales y la Territorial de Caldas para que se tengan entidades que atiendan estos casos. 

"Ha habido receptividad. Es que el propio Tribunal Superior ha librado de la responsabilidad a Bienestar, por ser un problema de salud. No apelamos la decisión, porque somos conscientes de la necesidad del niño, de la gravedad, pero no le corresponde al Instituto".

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